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Tal como había anticipado SOY Deportes, este martes por la mañana, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la derogación del DNU 510/2023 que firmó Alberto Fernández hace un año. Ese DNU había reinstaurado el controvertido decreto 1212 que daba beneficios fiscales a los clubes de fútbol argentino. El mismo que Mauricio Macri había anulado en 2019, justo antes de perder las elecciones contra el candidato del Frente de Todos. Esto representa un duro golpe a las finanzas de los clubes, que, gracias a este régimen especial, evitaban pagar percepciones y retenciones de seguridad social cada mes, lo que les ayudaba a financiarse. Cuando Mauricio Macri eliminó el decreto, también se incrementaron las alícuotas impositivas del 7% al 7,25% sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisión.
Con Sergio Massa como ministro de Economía y en plena campaña, se aumentó a 7,50%, pero se incluyeron 75 categorías, sumando al fútbol femenino, Primera C y Federal A, además de las ya existentes en el reglamento, desde Primera División hacia abajo. También se estableció un sistema registral y pautas de refinanciación para las deudas acumuladas a causa del DNU 1212 que se modificó en 2019. En el grupo de WhatsApp de los dirigentes hay preocupación por este tema. Entre futbolistas, técnicos, cuerpos médicos y auxiliares, los clubes casi no pagaban aportes y contribuciones (PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Sistema Previsional y Asignaciones Familiares) sobre 23 mil contratos registrados por la ex AFIP. Ahora tendrán que pagar como cualquier empresa. «Nos rompe en mil pedazos», comentó un directivo. De todos modos, los clubes tendrían 6 meses para adaptarse, ya que esto les va a generar un agujero en las finanzas.
La fuente se refería a 13 mil millones de pesos en créditos. ¿Por qué no se cobraron? Para la IGJ, eso es un misterio. Talleres presentó un informe que detalla esta y otras irregularidades, como gastos en personal y cargas sociales por $61.892 millones sin un aumento significativo en su nómina. También se cuestionó el flujo de efectivo utilizado en el período 2023/2024 en varios ítems. En el caso de actividades de inversión, asciende a $62.378 millones. Esta cifra no coincide con el total de bienes de uso del ejercicio, que sumó $3.466 millones.
Lo mismo ocurre con los intereses y diferencias de cambio netas, que ascienden a $39.269 millones. Solo deberían imputarse los ingresos por préstamos obtenidos y los pagos por préstamos (tanto capital como intereses). Según el informe del club cordobés que tiene la IGJ, “el efectivo al inicio y cierre del ejercicio fue de $6.938 millones y $2.661 millones, respectivamente. Es imposible que estos montos generen un número positivo frente a la inflación de 17,49 veces su promedio”. ¿Qué posibilidades hay de una intervención? La idea es evitar la parte política para no exponerse a una sanción de FIFA, sobre todo porque este Gobierno apoya a Messi y a la Selección. A tal punto que, a pesar de las medidas de Milei, no le sacaron el auspicio de YPF ni Aerolíneas Argentinas. Y mucho menos quieren darle la chance a Tapia de victimizarse.
¿Cómo nació la guerra entre Claudio Tapia y Javier Milei?
En diciembre de 2023, el Gobierno nacional sacó un DNU y metió mano en la Ley del Deporte. Lo más picante es que ahora se habilita la entrada de las sociedades anónimas y se obliga a las federaciones, asociaciones y confederaciones a cambiar sus estatutos, quieran o no. Hasta ahora, solo reconocían a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Las entidades deportivas tienen hasta agosto de 2025 para actualizar sus estatutos —que hoy prohíben las SAD—, pero el Gobierno ya puso la ficha: «No se puede impedir, dificultar o menoscabar derechos a una organización deportiva por su forma jurídica, ya sea asociación civil o sociedad anónima, siempre que esté reconocida por la ley». O sea, no solo las obliga a modificar sus estatutos, sino que, mientras tanto, las empuja a desobedecer lo que ya está vigente.
En esta pelea entre la AFA y el Gobierno, la IGJ, que dirige Mariano Cúneo Libarona —ministro de Justicia y uno de los que quiere privatizar los clubes—, decidió frenar la reelección anticipada de Tapia como presidente de la AFA. Esto fue a raíz de un reclamo de Talleres de Córdoba, el único club que se le plantó a la AFA y que está alineado con el presidente. Pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se quedó de brazos cruzados y, igual, hizo la Asamblea. Ahí, Claudio Tapia fue reelecto casi por unanimidad (solo se ausentaron Talleres y Estudiantes), se cancelaron los descensos para 2024 y mudaron la sede de Viamonte 1366 a Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Esto lo hicieron para quedar afuera de la jurisdicción de la IGJ, que según dicen, no validaría todo este proceso.
Con el temor de sanciones de FIFA y CONMEBOL —que no tienen drama con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pero prohíben la intromisión estatal en las entidades deportivas—, el Gobierno ahora juega más cauteloso. La idea loca de intervenir la AFA parece haber quedado en el tintero. Ahora, el plan es apretar a los clubes desde lo económico y señalar supuestos desmanejos en los balances de la AFA. En este contexto, el Gobierno anunció que en seis meses se va a derogar el régimen de privilegios para los clubes. Aunque no dijeron cómo será el nuevo sistema, ya ordenaron armar un Comité para discutirlo. Este estará compuesto por varios ministerios —Economía, Justicia, Capital Humano, Desregulación, ARCA (ex AFIP), ANSES, y las secretarías de Trabajo y Turismo, incluyendo la Subsecretaría de Deportes—, además de la AFA, dos clubes de primera (uno tiene que ser de los tres con más socios) y otro del ascenso.
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